Silvia Gonzaléz

Silvia Inés González Acosta tenía 43 años y dos hijas adolescentes. Su familia es oriunda de Caraguatá, una apacible localidad rural de no más de 500 habitantes próxima al río Negro, en el departamento de Tacuarembó.

La mañana del viernes 28 de abril Silvia Inés encontró la muerte en la vereda de su humilde casa del barrio Juan Domingo López, de la ciudad de Tacuarembó.

El matador fue su expareja, Rubén Flores, de 49 años. La asesinó a puñaladas, hirió a una de sus hijas que había salido desesperada en defensa de su madre, y luego se suicidó en una habitación de la casa.

Para la estadística, Silvia Inés fue la víctima número 10 de femicidio en 2017. Además, su caso encaja en el perfil de la mayoría de las mujeres que denuncian violencia de género: está dentro del 68,6% que sufre maltrato de su ex pareja, del 56,1% que muere por violencia doméstica, del 44% que su victimario es la pareja o expareja, del 47,8% que tenía menores a su cargo, y residente en un departamento, Tacuarembó, donde la tasa de femicidio es la segunda más alta del país (3,99, apenas por debajo de la de Treinta y Tres).

Pero Silvia Inés había hecho todo para no ser parte de esta estadística. Desde 2015, año en que se separó de su pareja, lo venía denunciando. Fue a la Policía y a la oficina local del Mides que recibe los casos de violencia contra las mujeres. “La amenazaba todos los días”, contó Jorge González, hermano de Silvia Inés. “Tenía los mensajes en su teléfono”.

En el Mides tomaron nota de la situación pero no fueron más allá de lo que les indica el protocolo para estos casos. “Se la acompañó, se visualizó el riesgo y se le mostró a qué servicios podía acceder, pero no optó por ninguno”, declaró Luciana Tamborindeguy, responsable de la oficina del Instituto Nacional de la Mujer en Tacuarembó, según el diario local El Avisador. De acuerdo al hermano de Silvia, ella también hizo la denuncia policial. Nada alcanzó.

Por Carlos Ríos