Mi Morena le dio al Carnaval uno de los aportes más destacados de los últimos años: inventaron los “cortes” durante el desfile de Llamadas. El 2 de febrero de 2017, días antes de un nuevo desfile, la agrupación salió a la calle. Pero no lo hicieron para ensayar, sino para protestar: ese día desfilaba una menos.

El 30 de enero la bailarina Valeria Sosa fue asesinada por su exesposo, un policía de quien se separó en 2015 debido a sus comportamientos violentos. El hombre fue a buscarla a su casa y la mató delante de sus hijos.

Solo 10 minutos antes, Noel Barrales, la amiga que la llevó a probarse en Mi Morena, la había llamado por teléfono. “La llamé porque estaba triste, porque iba a tener que sacar a mi nena para la escuela pública. Me contó que ella los iba a llevar a escuela de tiempo completo, porque pensaba invertir el dinero del colegio en darles una mejor calidad de vida, en pagar un inglés particular, un club en el verano”.

Noel recuerda y se emociona: “Valeria no se pudo poner sus zapatos de taco, no pudo ponerse su traje ni bailar en las Llamadas, no pudo disfrutar de sus hijos, de su adolescencia”.

El femicidio de esta madre de 29 años no fue uno más. El caso provocó debates sobre el trato institucional de la violencia de género, desde lo que ocurre con las denuncias hasta los pasos de la Justicia para resolver temas urgentes.

El ministro del Interior Eduardo Bonomi tuvo que reconocerlo: "Se produjo un hecho que tenía protocolos para evitarlo y por una falla en el ámbito policial no se evitó”, dijo a la prensa. Valeria denunció a su expareja en 2015 y las heridas que le provocó fueron constatadas en el Hospital Policial, pero no se dispuso el retiro del arma de reglamento.

July Zabaleta, directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, dijo a En Perspectiva que en 2016 se recibieron 932 denuncias contra policías por violencia doméstica y a 489 se les retiró el arma. Valeria y Yesica Coelho fueron asesinadas por sus parejas, ambos policías, en 2017.

La noche del femicidio, la jueza Alicia Vega resolvió de forma telefónica que los hijos de Valeria, que fueron llevados por el padre a casa de sus abuelos paternos, permanecieran allí.

Esto provocó la queja de Beatriz Olivera, madre de la víctima: "La Justicia entregó a mis dos nietos a la familia del asesino", dijo entrevistada por El País el 4 de febrero.

Días previos a esas declaraciones, Búsqueda informaba que la Suprema Corte de Justicia constató varios casos de violencia doméstica resueltos por teléfono, con pocos elementos a disposición y sin interrogatorios posteriores.

La fiscal Diana Salvo, los informes del Centro de Atención a las Víctimas de Violencia Doméstica y el equipo técnico del juzgado, recomendaban un cambio de tenencia y afirmaban que los derechos de los niños eran vulnerados al vivir con la familia del femicida. Sin embargo, la jueza ratificó su decisión, criticó la “mediatización” del conflicto, responsabilizó de ello a Olivera e hizo lugar a la declaración de los menores, quienes le dijeron a Vega que su abuela les decía “palabrotas”.

Por Bruno Scelza