El 25 de abril de 2007, Lourdes fue a la casa de Mariela en busca de contención. La noche anterior Carlos la había violado y necesitaba hablar para quitarse la angustia que llevaba dentro. Mariela recuerda que su hermana era un manojo de nervios. Pasó la tarde con ella hasta que finalmente Lourdes decidió volver a su casa, en Florida. Cuando Lourdes llegó, se encontró con un Carlos furioso. Discutieron. Carlos fue a la cocina, agarró un cuchillo y volvió para seguir discutiendo. La golpeó, Lourdes cayó al piso. Carlos intentó cortarla. Pero Lourdes se defendió. Entonces, él la apuñaló. Ella no se movió y Carlos esperó. Lourdes murió desangrada.
Carlos se entregó a la Policía. Fue juzgado y sentenciado a 14 años de prisión. Su abogado logró reducir la pena a 12 años. Carlos cumplió su condena en la Cárcel de Florida hasta que un año después fue trasladado a una chacra policial, con el argumento de que había hacinamiento y él no era un preso peligroso. A pesar de que la medida les dolió, la familia de Lourdes no se opuso, confiaban en la Justica. Pero poco tiempo después, Carlos empezó a gozar del beneficio de ir a la feria los sábados en Florida a vender lo que plantaba en la chacra. Cuando Mariela se enteró de esta situación, quedó impactada. El hombre que dos años atrás había asesinado a su hermana, ahora paseaba por una feria. No se quedó callada. A través del colectivo Mujeres de Negro logró movilizar a los medios y fue a reclamar a la Jefatura del departamento. Tras la presión, se supo que no existía una orden judicial que pidiese su traslado allí. Pero Carlos se quedó allí y aunque le prohibieron la salida, le redujeron la condena. Seis años preso. Una mujer muerta.
Aún existen fallas en el sistema. Dentro del Estado y desde las ONG se manejan cifras distintas de la cantidad de mujeres asesinadas. En junio de este año el Ministerio del Interior publicó, que hasta el momento había 16 muertes por violencia doméstica, ese mismo mes el vicepresidente Raúl Séndic afirmó que eran 22 los casos de víctimas fatales, la ONG Por la Integración realizó un informe en el que confirmaban 15 y hoy en día sólo tres meses después el colectivo Mujeres de Negro afirma que son 26. La mayor parte del problema deriva en el hecho de que no hay un criterio común que defina cuáles son muertes por violencia doméstica.
Las denuncias pueden presentarse en los juzgados penales o de familia. Mujeres de Negro, que trabaja constantemente en el asesoramiento a mujeres, identifica que uno de los principales problemas del sistema judicial son los períodos prolongados para procesar la denuncia. Alba Corral, fiscal en violencia doméstica, reconoce que uno de los motivos que llevaban al enlentecimiento del proceso es que desde la jefatura donde se recibía la denuncia se notificaba únicamente al juzgado penal y si por algún motivo el juez indicaba que se diera conocimiento a familia, recién en ese momento el proceso comenzaba en ese juzgado. Esta discordancia se solucionó “porque el Ministerio del Interior dictó un decreto en el que le ordena a todos los funcionarios policiales encargados de recibir denuncias que deben hacer la comunicación simultánea al juez penal y al juez de familia o al juez que tenga competencia en la materia”, aclara Corral.
No obstante la fiscal reconoce que un debe en este sentido es reducir las instancias en las que la víctima tiene que declarar sobre los hechos. “El tema es poder coordinar más dentro de todas las instituciones. Que es lo que se está tratando de hacer. Que la víctima no tenga que hacer ese peregrinaje de contar su historia, cuando va y hace la denuncia en la Policía, cuando vuelve al juzgado, cuando va al penal, etc”, dice Corral. Desde el Ministerio del Interior se reconoce que aún persisten las dificultades para que los policías tomen las denuncias sin importar si el conflicto se desarrolló dentro de la jurisdicción de esa seccional.
Pero la lentitud en el tratamiento de los casos no nace únicamente en las dificultades para informar a los jueces. La violencia doméstica es el segundo motivo de denuncia después del hurto. En 2014 se realizaron 29 mil pero únicamente 512 policías trabajan directamente en la temática. Además, de los 19 departamentos siete cuentan con una sola Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género, seis con dos y el resto tres o más. Las fiscalías especializadas sólo existen en Montevideo.
En 2011 se lanzó la Guía de Procedimiento Policial para denuncias de violencia doméstica y en ella se establece que debe de haber un policía referente para cada caso. Sin embargo, cuatro años después July Zabaleta, directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, reconoce que hoy, es imposible cubrir ese punto porque “siempre la demanda desborda la oferta”. Añade que a través del decreto 382/2012 se reorganiza todo lo que es la respuesta policial en términos de violencia doméstica y se pretende jerarquizar la temática en las distintas jefaturas. También propone tener efectivos especializados en todas las jefaturas y no solamente en las unidades especializadas.
Zabaleta explica que el Ministerio del Interior se encuentra trabajando en el momento para capacitar y sensibilizar tanto al personal subalterno como a los más altos rangos. Además, afirma que a pesar de que el ministerio ha trabajado para brindarle herramientas a los policías “siempre se necesita más, porque en esta temática justamente que están tan arraigados algunos valores no lo solucionamos con unas capacitaciones, eso no nos garantiza que realmente se genere un cambio”.
Este abordaje del que habla Zabaleta se refiere al otro rol que debe cumplir la Policía, la contención y asistencia a la sociedad. Gonzalo Corbo, psicólogo especializado en género, realizó una investigación en la que se planteaba una relación entre la actividad policial y los altos niveles de denuncias por violencia doméstica entre los policías. Una de las observaciones que le llamó más la atención fue el sentimiento de pertenencia. Para ser policía se debe ser 24 horas, incluso en los momentos de ocio. En este sentido, Corbo explica que el policía se siente como tal cuando realiza actividades que tengan que ver con el peligro y la fuerza. Sin embargo, esas otras funciones “todavía la siguen viendo como muy extraña, por eso ellos dicen la mayoría del tiempo ‘muchas veces tengo que hacer de otras cosas que no es de policía’ es como muy ajeno” explica Corbo.
Era mayo pasado, y una joven esperaba a su hermano menor a la salida de una escuela en Florida. Sobre la una de la tarde, cuando ya las clases estaban por terminar, un hombre le dispara por la espalda. Ella cae y el hombre dispara dos veces más. El agresor era policía y su víctima, que ahora está muerta, ya lo había denunciado. Pero aún así caminaba libre por Fray Marcos.
Según la ley 17.514 sobre violencia doméstica como medida cautelar se le puede quitar el arma a una persona denunciada. Además, en el protocolo de actuación de la Policía se indica como obligatorio quitarle el arma a un efectivo denunciado. Sin embargo, este hombre seguía armado y fue su arma de reglamento que asesinó a su expareja. Un mes después, el Ministerio del Interior no tenía explicaciones para lo ocurrido en este caso.
En 2013 la primera encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género indicaba que Montevideo, Canelones y Maldonado eran las zonas con porcentajes más altos de mujeres mayores de 15 años que declaraban haber sufrido violencia doméstica en algún momento de su vida (73% al 77%). En el resto del país ese porcentaje oscila entre 52% y 58%. Estas cifras justificaron la decisión de que las instituciones públicas pusieran su mayor esfuerzo en la capital y las zonas cercanas. Sin embargo, para junio de 2015 de las 18 muertes por violencia doméstica informadas por distintos medios, cuatro fueron en Maldonado, dos en Canelones y tres en Montevideo. Las otras nueve en los restantes departamentos.
A pesar de que la mitad de los casos se da fuera de la zona metropolitana, todavía hay grandes diferencias. Por ejemplo, hoy el sistema de tobilleras no se extiende a todo el país. Alba Corral reconoce que “si bien se ha proveído muchos técnicos al interior, en realidad el equipo técnico que funciona aceitado está en Montevideo”. “Las fiscalías del interior deben abordar además del tema de la violencia y los derechos vulnerados cuestiones como la tenencia y la pensión. En cambio en Montevideo hay una fiscalía encargada únicamente en tratar el aspecto de la vulneración de los derechos”, dice Corral y agrega: “Creo que el camino es hacia la creación de fiscalías especializadas y juzgados especializados en esta materia, pero es una opinión personal, porque la principal causa de muerte es la violencia doméstica”.